
El Gobierno de Santa Cruz avanza en la implementación de la Ley Provincial N.º 3751 de Cierre de Minas con la entrada en vigor de la Disposición N.º 153/2026, que incorpora nuevas herramientas para fortalecer la participación ciudadana, la transparencia y la gestión sostenible de los proyectos mineros de la provincia.
El instrumento legal
La Ley N.º 3751 sentó las bases de la política de cierre de minas en Santa Cruz. Sobre ese marco, la Disposición N.º 153/2026 incorpora lineamientos obligatorios para los monitoreos ambientales participativos, la aplicación de criterios ESG, la gestión de huellas ambientales, la adaptación al cambio climático, el uso de estándares internacionales para la gestión de relaves y una mayor transparencia en el acceso a la información.
Los monitoreos
Uno de los aspectos centrales de la nueva normativa es la incorporación del monitoreo ambiental participativo, como herramienta concreta de transparencia y participación ciudadana. Los proyectos que se encuentren en etapa de exploración avanzada o explotación deberán desarrollar estos monitoreos con una frecuencia mínima anual, garantizando la participación efectiva de trabajadores, representantes de las comunidades y de la autoridad minera.
Los monitoreos deberán comprender, como mínimo, variables vinculadas a los recursos hídricos superficiales y subterráneos, pudiendo ampliarse a componentes como flora, fauna y otros indicadores ambientales, de acuerdo con las características y riesgos de cada proyecto. Los resultados deberán ser accesibles a la comunidad y formar parte de los mecanismos de reporte y seguimiento establecidos.
Lee también ► Argentina: Orestone avanza en la exploración de nuevas zonas del proyecto Francisca
La Disposición incorpora además indicadores vinculados con huella hídrica, huella de carbono, economía circular, gestión de residuos, género, derechos humanos y gobernanza corporativa, así como medidas de mitigación y adaptación frente al cambio climático. Esta información será integrada progresivamente en un sistema unificado de reporte ambiental y ESG, permitiendo fortalecer la capacidad del Estado para analizar el desempeño de los proyectos y mejorar la toma de decisiones, basada en información verificable y comparable.
Nueva etapa
De esta manera, Santa Cruz avanza en una concepción del cierre de minas que no comienza cuando finaliza la explotación, sino que debe ser planificado y gestionado durante todo el ciclo de vida del proyecto. La incorporación de variables ambientales, sociales, climáticas y de gobernanza, permite anticipar riesgos y proyectar el futuro de los territorios mineros con una perspectiva de largo plazo.
